Los delitos de corrupción, como el soborno o el robo de fondos públicos, generan importantes ganancias que deben lavarse o «limpiarse» para evitar problemas con las autoridades fiscales. Los funcionarios corruptos también pueden facilitar el lavado de dinero e influir en el proceso, permitiendo que las ganancias ilegales y los lavadores de dinero eludan controles y sanciones.
Según el 80% de los españoles, los partidos políticos son susceptibles de soborno y abuso de poder para beneficio personal. Además, se cree que muchos funcionarios involucrados en la contratación pública y en los permisos de construcción son culpables de esto. Un tercio (32%) de la población cree que la corrupción también afecta a instituciones cruciales como la policía y los tribunales.
Surge la pregunta: ¿qué sucede cuando las mismas personas encargadas de hacer cumplir la ley y proteger el interés público (políticos y funcionarios de la administración pública) están involucradas en delitos de corrupción? En otras palabras, ¿quién controla al controlador?
En nuestro próximo almuerzo de DBC, invitamos a nuestro compañero Edo Bakker a contarnos más sobre esto. Edo es el director ejecutivo y fundador de Agile Control Solutions, una empresa especializada en soluciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Anteriormente, Edo fue gerente de ALD y CTF en PwC y asesor senior de auditoría interna y cumplimiento en KPMG.
Edo ha sido nominada a la edición 2024 del Premio Holandés al Emprendimiento, que se entregará en octubre durante el Encuentro Nacional Empresarial en Valencia.
